Disponible el estudio “Análisis y actualización de la demarcación y planta judicial en Cataluña, Juzgados de violencia sobre la mujer”

La metodología empleada, hasta ahora inédita, es replicable por otros tipos de juzgados, y abre las puertas a utilizarse para la organización territorial de otros servicios públicos 

31/07/2024

El objetivo del estudio es diagnosticar la situación actual de la organización territorial de los servicios de la Administración de justicia de Cataluña, y orientar la toma de decisiones sobre una posible propuesta de modificación de la demarcación y la planta, con especial énfasis en los juzgados de violencia sobre la mujer.

El informe es fruto de una demanda generada en el marco del Observatorio Catalán de Justicia del Departamento de Justicia, Derechos y Memoria. El Observatorio es un órgano integrado por la Generalitat de Cataluña, el poder judicial y los principales operadores jurídicos con el objetivo de analizar y compartir los principales retos de la justicia en Cataluña.

Diagnosis 

Actualmente, en Cataluña hay 19 juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer (VIDO) repartidos en 15 partidos judiciales. Todos los partidos judiciales (en lila) disponen de un juzgado especializado en VIDO, excepto el partido judicial de Barcelona, que dispone de cinco. En aquellos partidos judiciales donde no hay juzgado especializado en VIDO, los asuntos de violencia sobre la mujer los asume un Juzgado de Primera Instancia y/o de Instrucción. 

El estudio presenta resultados de indicadores sobre cargas de trabajo, movilidad-proximidad, calidad y coherencia territorial para 18 escenarios alternativos de organización territorial de los juzgados especializados en violencia sobre la mujer. 

 

Criterios objetivos 

  • Coherencia territorial. Como criterio básico, se ha recogido la coherencia de las demarcaciones con la organización territorial de fiscalía, abogacía y procura. 
  • Cargas de trabajo. Se estudian las cargas de trabajo de los órganos en asuntos VIDO, como elemento importante para la calidad del servicio y para la capacidad de respuesta del sistema de justicia. 
  • Movilidad / proximidad. Se calculan los indicadores de accesibilidad en tiempo de desplazamiento a los juzgados y la existencia de servicios y equipaciones en el territorio que puedan servir para desconcentrar alguna parte de los procesos (teniendo en cuenta, por ejemplo, la futura posibilidad de que las declaraciones sean telemáticas desde un Juzgado de Paz o en un juzgado diferente al que lleva la causa; así como que la primera atención a la víctima se pueda hacer desde la proximidad a través de los varios servicios especializados que acompañan el proceso). 
  • Calidad. Bajo este criterio se considera la calidad de la atención a la víctima en dos ámbitos: la adecuación de las infraestructuras (disposición de salas y circuitos separados entre víctima y agresor) y la existencia de servicios y unidades especializadas. 

 

Los resultados muestran que incluso con el incremento de asuntos ingresados, el módulo de referencia sería negativo en 5 escenarios y se mantendría por debajo del 5,25% en 6. También, que en varios escenarios el tiempo de desplazamiento en transporte público quedaría por debajo de los 35 minutos y en transporte privado por debajo de los veinte. En el informe se preseleccionan los 11 escenarios más favorables: 

 

 

El estudio ha sido fruto de un trabajo colaborativo coordinado por el equipo de convivencia y seguridad del Instituto, con la participación de los equipos de gobernanza, movilidad y cartografía, así como con el apoyo del personal del Departamento de Justicia, Derechos y Memoria y las personas que integran la Comisión para el estudio de la demarcación y planta judicial de Cataluña. La metodología empleada, hasta ahora inédita, es replicable por otros tipos de juzgados, y abre las puertas a utilizarse para la organización territorial de otros servicios públicos.   

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